El diputado del PP, David Atienza, aseguró que muchas de las enmiendas del PSOE a la norma recogían alegaciones del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) al anteproyecto que ya fueron incluidas en el texto. Según Atienza el PP incluso retiró una de las suyas por entender que una socialista era equivalente y más completa.
La ley manchega nace con tres objetivos principales. El primero es el de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo, asegurar la transversalidad de las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que afectan a las personas con discapacidad.
El tercer objetivo es el de establecer los principios para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Una de las claves de esta ley recién aprobada es que la Castilla-La Mancha tendrá potestad para establecer prestaciones económicas destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y las que puedan otorgar la Administración General del Estado, siempre que la normativa estatal lo permita.
El texto decreta que las políticas de discapacidad tendrán un carácter transversal. Esto significa que todas las áreas de gobierno deberán contemplar sus directrices en sus actuaciones y que en la delimitación de la asunción de competencias prevalecerá la condición de persona sobre la discapacidad de la misma.
De momento la ley ha tenido buena acogida entre los colectivos de discapacitados. Hace unos días se celebró la asamblea anual del Servicio de Capacitación de Castilla-La Mancha (Cecap) en la que se valoró positivamente la medida.
El director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, cree que esta ley es un texto innovador en materia social que por primera vez "incorpora la creación de los servicios de capacitación socio-laboral y que sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia en materia social".
Para el director general, la inclusión de estos servicios ha sido una de las novedades de este texto y responde a las demandas de las entidades del sector, que han tenido una activa participación en su redacción.
Respecto a la creación de los servicios de capacitación socio-laboral, García Ferrer cree que la ley contempla la coordinación entre las consejerías con competencia en asuntos sociales y en empleo para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad. "Este es un compromiso serio con las personas con discapacidad, para lograr su total inclusión en la sociedad en igualdad de condiciones".
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